La campaña electoral luce pálida, con pocos movimientos y poca creatividad que llamen la atención de los votantes, y, claro, con la ausencia de debate programático.

En pocas palabras luce rutinaria. Los candidatos presidenciales limitados a juramentar personajes a favor de sus aspiraciones y a recorridos cada fin de semana, como si el caravaneo, por cierto muy molesto para el ciudadano ajeno a este estilo de campaña, añadiera votos.

Es notoria la ausencia de golpes publicitarios que saquen a los candidatos del estancamiento en que se encuentran.

La guerra de las encuestas, otro aspecto muy trillado influye muy poco sobre los electores, es un recurso del cual se ha abusado y la gente reniega de las mismas, porque son instrumentos propagandísticos.

Aunque faltan varias semanas para que la Junta Central Electoral emita la proclama oficializando el inicio de la campaña, los candidatos principales, tienen varios meses en labores de promoción, lo que explica el nivel de saturación que afecta a los electores.

Solo un artero golpe publicitario de cualquiera de los principales candidatos presidenciales que selle su propuesta con las aspiraciones del electorado rompería nivel de simpatía electoral que reflejan las encuestas independientes.

Por eso es que muchos analistas dicen que a la actual campaña le falta vigor, vitamina, que la inflen, que le den colorido.

Mi recomendación a los partidos es que modernicen su estilo de hacer campaña electoral, pues reproducen los esquemas usados en la década de 1970, 1980, parecen no advertir que el mundo ha cambiado, que hay nuevas formas de mercadear a un candidato.

Para muchos la elección de los jueces de las llamadas altas cortes sella definitivamente la institucionalización del borrón y cuenta nueva.

Todo esto viene a colación por el dominio del partido oficial en la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional. El perredeismo, en este reparto, quedó con buena cuota, por lo que no es ajeno a lo que ocurre.

Nadie duda del acervo jurídico de los integrantes de los nuevos tribunales, todos reconocemos su capacidad profesional, pero, es obvio, la mayoría está comprometida con una línea política.

¿Fallarán estos hombres en contra de los intereses políticos que representan? Hay que ser muy ingenuo para creer lo contrario. Soy como Santo Tomás: ver para creer.

Entonces se institucionaliza la fatal política del borrón y cuenta nueva que sustentó en 1962 Juan Bosch en su efímera administración, para perdonar las barbaridades de los personeros de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo.

Por ahora no habrá justicia con los sonados casos de corrupción históricamente perpetrados contra los recursos del Estado y con los que tienen que ver con el  narcotráfico en los que están involucrados pejes gordos.

A todo esto se une el férreo control del partido oficial sobre la Cámara de Cuentas y otras dependencias del Estado, que es un manto de protección hasta para aquellos que hurten flores del jardín de la República para donarla a madres solteras.

La historia no registra una concentración tan alta de poder por parte de un partido oficial. Pero uno se pregunta para qué sirve ésto, si no es usado en mejorar la educación, en disminuir la pobreza o mejorar la condición de existencia de la mayoría.

No hay dudas de que se institucionaliza el borrón y cuenta nueva por lo que no habrá justicia contra la corrupción, por suerte existe el tribunal de la opinión pública que ya  condenó a muchos de los que usan los recursos del Estado para provecho personal.

Palabras de Dios, las pronunciadas por monseñor Agripino Núñez Collado al solicitar a la Junta Central Electoral que todo lo que siembre dudas en el actual proceso comicial hay sea despejado.

Hay que tomarle las palabras a Núñez Collado pues ha demostrado en las últimas décadas tener vista de lince al advertir problemas sociales y plantear soluciones. Demás está decir que lo que se empolla alrededor del Centro de Cómputos de la Junta es muy peligroso, pues retrotrae al país a prácticas superadas, como irrespetar la voluntad popular.

Preocupa que el secretario general del partido oficial, Reinaldo Pared Pérez, pretenda descartar a monseñor Agripino Núñez Collado, como mediador social, al equiparar su  posición  con la que sustenta el Partido Revolucionario Dominicano, frente a la crisis que afecta a la Junta por la permanencia en el Centro de Cómputos de un funcionario objetado, dejando entrever que era un instrumento del perredeismo.

Cuesta trabajo creer que sea una postura individual de Pared Pérez, por lo que no es arriesgado afirmar que lo hizo cumpliendo un mandato de la formación política a que pertenece con el objetivo de abortar las negociaciones, como en efecto se logró, al menos momentáneamente.

En lugar de descalificar a Núñez Collado hay que preservarlo como mediador, justificado en la incapacidad del liderazgo nacional de ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como rodear a la Junta de transparencia.

La percepción generalizada, y Núñez Collado lo advierte con suficiente claridad, es que dentro de la Junta hay zonas oscuras y se está creando un espacio propicio para lo que muchos llaman “fraude técnico”, con el manejo unilateral del centro de cómputos.

No es para menos ya que la “renuncia” de Miguel Angel García de la Administración General de Informática, alegando que se opone a la existencia de dos centros de cómputos paralelos, arroja dudas sobre la diafanidad que debe tener el árbitro del proceso electoral.

Solo así se entiende la insistencia del partido oficial y del presidente de la Junta, Roberto Rosario Márquez para que permanezca al frente del Centro de Cómputos Franklin Frías, quien es objetado por los principales partidos y amplios sectores de la sociedad y quien lo menos que debe hacer es renunciar a su cargo.

¿Cuál es el objetivo en mantener contra viento y marea al señor Frías al frente de los servicios de informáticos de la JCE? Claro que esa conducta levanta sospechas.

Creo que el Gobierno y muchos sectores del país subestimaron la convocatoria a huelga por 24 horas del Foro Social Alternativo y ya tenemos el resultado: la jornada ha sido notoria en algunas zonas del país y tímida en otra como en la Capital.

Parcial o total, el aparato productivo nacional se ha resentido y el lunes que tradicionalmente es un día muy activo, luce lento con pocas actividades. No se puede negar que el comercio y la industria perdieron millones de pesos.

Subestimar al FAS es un error en momentos en que el ambiente político luce caldeado, no solo por el momento preelectoral, sino por otros factores que mantienen a la población irritada, como el incremento de la tarifa eléctrica, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana.

El medio éxito o el fracaso de la huelga no debe ser óbice para que el Gobierno siga en su torre de marfil, contemplando la marcha del país muchas a veces prestar atención al interés público.

En esta convocatoria a huelga del FSA y 250 organizaciones cívicas y populares, hay que reconocer que no fue exitosa, como la del 11 de julio pasado, pero no por ello el Gobierno  debe encumbrarse en su torre de marfil, sino todo lo contrario abrir las posibilidad de escuchar a los convocantes.

Si el FSA fue capaz de afectar el aparato productivo del país sin el apoyo de la mayoría de organizaciones sindicales y otras entidades, no quita que concite consenso, sobre todo si supera algunos errores, como la precipitación que se mostró en tras esta convocatoria.

Agradezco a los amigos que a través de la vía telefónica, correos electrónicos y personalmente me testimoniaron afectos solidarios cuando sorprendidos se enteraron que el Pleno de la Junta Central Electoral colocó en su agenda un artículo que escribí en este blog, que al parecer no le gustó a uno o varios de sus miembros.

Algunos de mis amigos externaron su preocupación por  entender que colocar en agenda el artículo era una forma de amedrentar voces que no se arriman a su criterio.

No tengo elementos para validar esa afirmación, pero de ser cierto no surtiría ningún efecto sobre mí, debido a que al momento de emitir mi opinión solo obedezco a mis creencias. Y tampoco me preocupan las tendencias autoritarias provengan de donde provengan.

En el artículo de marras manifesté mi creencia de que era inaceptable, irregular la existencia de los centros de cómputos en el tribunal electoral, hecho que yo no me inventé sino que lo denunció Miguel Angel García, el técnico, que “renuncio” al organismo.

También manifesté mi preocupación, la misma que tienen miles de dominicanos, porque los comicios del 2012 se celebren con la mayor pureza posible y recordé la crisis post electorales de 1978 y 1994.

Yo no sé cuál es la posición final de la Junta luego que colocó en agenda darme una respuesta, pero cualquier decisión que adopte me tiene sin cuidado y no me apartará de la “recta vía”, como decía Dante, que conduce a la defensa de la transparencia.

Resulta sospechoso el tira y jala alrededor de la Junta Central Electoral, controlada de arriba abajo por el partido oficial, luego de la “renuncia” de Miguel Ángel García como administrador General de Informática, aduciendo que no acepta el funcionamiento de dos centros de cómputos, hecho que es la primera vez que se produce en el organismo o al menos la primera vez que se denuncia.

¿Por qué y para qué dos centros de cómputos? La Junta tiene que explicar esto muy claro, cedacear muy bien sus acciones para impedir que el manto de dudas sobre la pureza de los comicios se siga extendiendo.

Es vital para la vida institucional del país que el proceso para elegir las nuevas autoridades nacionales se haga rodeado de la mayor transparencia.

Tras la “renuncia” del señor García y su sustitución por Franklin Frías, un señor muy objetado, la credibilidad que había comenzado a cosechar la Junta Central Electoral se deshace y, con justificadas razones, muchos temen malas artes en el proceso comicial, lo cual es muy peligroso.

Aun no se han cerrado las heridas de lo ocurrido en el 1978 cuando Joaquín Balaguer se negaba abandonar el poder, aunque mediante el llamado “Fallo histórico” evitó el control el Congreso Nacional del partido blanco, se reconoció su triunfo, tras un forcejeo diplomático e interno.

Más cerca en el tiempo se recuerda la crisis post electoral del 1994, cuando se desconoció el triunfo a José Francisco Peña Gómez terminó que con el recorte de dos años al periodo gubernamental de Balaguer.

Actuar sin la debida transparencia en el proceso electoral expone al país a otra crisis postelectoral que uno nunca puede columbrar cuáles son sus consecuencias.

Es prudente recordar el sabio consejo de nuestros mayores cuando advertían que jugar con fósforos es peligroso pues siempre termina en candela.

El robo de un avión es un hecho raro, inaudito, en cualquier parte del mundo pero en este país no sorprende sobre todo después que ocurren hechos tan insólito como el famoso caso Sun Land, cuando se ejecutó un empréstito internacional fuera de la normativa establecida por la Constitución.

Pero también no debe sorprender en un país donde se sustrajo el eje cardan de un vehículo estacionado en el parqueo del Palacio Nacional, o como ocurrió hace varios años cuando desapareció un lingote de oro de una bóveda del Banco Central y asaltaran en pleno confesionario a un cura.

Esos robos demuestran que entre los dominicanos hay personajes que superan las hazañas de James Bond, Supermán, Superamigos, la Mujer Maravilla y otros superhéroes, capaces de violar la ley de gravedad.

El caso del robo del avión de un hangar del Aeropuerto Joaquín Balaguer, lugar que se supone cuenta con plena seguridad, dará mucho que hablar no solo por el costo de la aeronave y la audacia de la operación sino que deja la interrogante de qué se  sacó del país en el mismo.

En este país donde todo es posible no nos extrañemos si a cualquiera ciudadano se le ocurre colocar ruedas al Palacio Nacional o a la sede central de la Policía Nacional y rodarla hasta su casa y poner a funcionar un burdel, un templo, una cancha deportiva, sin que las autoridades se alarmen, ya que aquí “na e na”.

La pregunta que nos hacernos es si en la aeronave robada salieron del país personajes buscado o si salió “tepe a tepe” de dólares producto de actividades ilícitas.

Las autoridades tienen el reto de hacer una exhaustiva investigación y explicar a la nación lo sucedido y ojalá que no se detengan, ante los pejes gordos que siempre evaden la red de las investigaciones y que tampoco se precipiten con una investigación mostrenca para quitarse la presión de la opinión pública.

El robo de la aeronave cuestiona una vez más el sistema de seguridad pública nacional y muestra que estamos expuestos a cualquier cosa, que tenemos nuestro cielo abierto para que llegue Villega y haga lo que le dé la gana.

¿Quién le pondrá punto final a este orden al revés y a la impunidad en estos 48 mil kilómetros cuadrados?

El debate electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República es algo pendiente en las campañas electorales dominicanas caracterizadas caravaneo, la aridez y pobreza argumental.

Aunque en los últimos procesos electorales son cada vez más las voces que claman por institucionalizar el debate de ideas entre los candidatos presidenciales.

El debate electoral es común en muchos países en donde están reglamentados sin ventajas para ninguno de los participantes, a fin de que respondan un cuestionario que formula una tercera persona y el elector tiene la oportunidad de conocer su pensamiento y propuestas.

Pero en el país la tradición de debate es muy pobre y se prefiere la diatriba y los candidatos punteros en las encuestas evaden el mismo con diferentes argumentaciones.

Recuérdese la negativa de José Francisco Peña Gómez de debatir con Leonel Fernández y cuando éste evadió un carreo con Miguel Vargas Maldonado, con el argumento de que en el país nadie puede “conceptualizar” con él.

Es claro que el puntero en las encuestas no quiera arriesgarse con otro que esté en segundo lugar, pues cualquier error frente a la pantalla de  televisión que cometa podría afectar un proyecto electoral.

Por eso hay escasas probabilidades de que en esta campaña electoral se produzca un debate entre Hipólito Mejía y Danilo Medina por la distancia que separa a uno de otro.

Creo que los estrategas del candidato puntero, Hipólito Mejía, no permitirán que su pupilo se exponga a un debate con alguien a quien lleva una distancia considerada por mucho como abismal, por lo que lo más interesados en el debate sería el candidato oficialista.

Empero, si al final de diciembre o principio de enero la distancia que separa a ambos disminuye considerablemente, otro gallo cantaría y hay más posibilidades de un debate.

Para evitar el rejuego de los políticos es necesario que en la Ley de Partidos Políticos que se discute se establezca mediante legislación el debate entre los candidatos presidenciales lo cual elevaría el nivel de las campañas electorales en el país.

Conforme la encuesta Gallup-Hoy del mes de agosto el 61 % de la población entiende que ahora hay más corrupción que en cualquier administración pasada, hallazgo relevante pese a los anunciados planes para combatir el enriquecimiento ilícito por quienes regentean las finanzas estatales.

Ese alto porcentaje de dominicanos que cree hay corrupción no dista mucho de los resultados de la anterior encuesta Gallup-Hoy, con muestra tomada del 26 al 30 de abril, que era de un 63 %, una disminución de un 2% que desde el punto de vista estadístico no es significativo.

Recientemente el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, comentó en una entrevista en el Diálogo Libre, que le dolía que la población tenga esa percepción sobre la corrupción en la actual administración ya que considera que solo dos o tres peledeístas se pueden tildar de corruptos

La población tiene razones para creer que en la administración pública se cometen actos contra el buen uso de los recursos del Estado. Muchos jerarcas del partido oficial creen lo mismo y lo disfrazan en la frase de que el “PLD se ha olvidado del boschismo”.

Esa percepción se debe al poco esfuerzos de las autoridades para combatir la corrupción pues en numerosas ocasiones se envían mensajes que la población entiende muestran poco interés en combatirla, como el nombramiento Francisco Cruz Pascual, como viceministro de Educación, luego de ser acusado por la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores de desfalcar el Seguro Médico de los Maestros.

En esa misma línea se registra la defensa que hace el comité político del partido oficial a uno de sus dirigentes que se negaba a pagar la factura energética e intentó impedir la transmisión de un programa de televisión de investigación periodística  amedrentando a sus patrocinadores comerciales.

En la lucha contra la corrupción hay mucha espuma y poco chocolate, pues a pesar de las denuncias que se producen nunca se lleva a nadie a la justicia. No se adoptan medidas que generen confianza en la población de que se combate el robo de los recursos del Estado.

El combate a la corrupción es de voluntad política, porque el país cuenta con un conjunto de leyes que aplicadas enviarían a las rejas a los que cada año sustraen miles de millones de pesos del erario que con un uso correcto mejorarán las condiciones del pueblo.