La decisión de los diputados de aumentarse el salario en 58.491 mil pesos es la expresión de lo que son capaces de hacer en beneficio propio y lo caro que le resulta al pueblo mantener una burocracia ineficiente.

El salario ahora de los señores diputados pasó de 116 mil pesos mensuales a 175 mil pesos, pero los ingresos totales, con diversos incentivos, serán de 342,568 mil pesos, ahí no están las exoneraciones abiertas para importar un automóvil cada dos años. Para saber si ese monto es mucho cómparese con el salario que recibe un agente de la  Policía Nacional, un médico , un profesor o cualquier servidor del Esado.

En un momento en que las centrales sindicales reclaman aumento salarial para compensar el incremento del costo de la vida, por cierto muy brutal, contrario a  las cifras que ofrece el Banco Central, los legisladores se van adelante y se despachan con la cuchara grande.

La imagen que tenemos los dominicanos de los legisladores es negativa, se tienen como vagos y una carga muy onerosa para el Presupuesto Nacional.

Este aumento salarial, que se une a una cadena de incentivos, un eufemismo para recibir dinero del erario, no contribuye en nada a mejorarla, a pesar del alto presupuesto, que tienen ambas cámaras legislativas, para gastos de relaciones públicas.

El Congreso Nacional más que un real órgano de legislación ha sido un centro de escándalos, en donde para aprobar  cualquier ley hay que ”sobar”, “mojar” o “sangrar” palabras con las que los dominicanos designamos el soborno.

El Congreso es un eco del Poder Ejecutivo, dominado por la chercha política, en donde no hay debate con altura sobre los problemas nacionales. No está mal recordar que nuestros legisladores han aporobado leyes sin antes leerlas. Por eso, no es que cada vez más los dominicanos le pierden la confianza a este organismo.

Ahora en momentos en que desde el Gobierno soplan vientos de austeridad, se invita al pueblo a apretarse los cinturones y a los médicos y otros profesionales al servicio del Estado se le niegan mejorías salariales, los diputados se ponen en sus salarios 58 mil pesos.

Esperemos, no muy tarde, el golpe de los honorables senadores de la República, que no se quedan atrás.

Cuando se tiene la cuchara en la mano es muy fácil servirse mucho y lo mejor del caldero, como ocurrió con este auto aumento.

¡Van bien, muchachos van bien!

El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la poca seguridad que ofrece el país a sus ciudadanos ha provocado escozor en las esferas oficiales.

Hay que recordar que este tipo de informe forma parte del esquema de globalización imperante hoy en el cual organismos internacionales, públicos o privados, emiten opiniones sobre determinado país, que en mucho caso sirven de guía a futuras inversiones o a cuestiones de orden político.

Acaso los que hoy objetan el informe no celebran cuando una agencia internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo dice que en el país se ha producido un milagro económico. Hay que tener oídos para las lisonjas y también para las críticas.

Se ha querido descartar el informe con todo tipo de argumentaciones, hasta considerar que se trata de una conjura del imperialismo norteamericano contra las autoridades nacionales, por la supuesta inclinación de Leonel Fernandez a Hugo Chávez.

Quienes así piensan citan que el mandatario asume posiciones que giran a la izquierda, como lo fue su reciente intervención ante la FAO, pero sería superficial atribuir a un discurso más bien escrito para captar aplausos que para generar una actitud hacia la izquierda.

Un giro hacia la izquierda sería si el mandatario se suma a los presidentes sudamericanos que plantean un esquema de integración económica diferente al a la propuesta de Estados Unidos de un Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas, que incluso lo abortaron.

Fernández sigue apegado al Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos y Centroamérica, que es la política de integración de Estados Unidos luego del fracaso del ALCA, con el que pretendía controlar todo el mercado del continente.

El informe expone algo que se ha venido discutiendo en los últimos años como es la seguridad ciudadana, que no existe. Y es una vergüenza que un asunto tan capital para los dominicanos tenga que ser expuesto por extranjeros.

Creo que, antes de responder con exabruptos, las autoridades deben revisar las medidas adoptadas en los últimos años para controlar la criminalidad y la delincuencia, ver si son efectivas, ya que en muchos casos han servido para beneficiar determinado sector con la compra de equipos sin ningún tipo de concurso, contrario a la transparencia.

Deben ver si realmente se han tomado medidas necesarias en contra de la delincuencia o si simplemente lo que se ha hecho es propaganda.

Descartar el informe porque proviene de Estados Unidos es un absurdo. Al contrario, debe ser un alerta para que las autoridades adopten medidas efectivas para frenar la delincuencia y la criminalidad.

La diplomacia dominicana necesita dar un salto cualitativo para ponerse acorde con los cambios que se verifican en un mundo caracterizado por la interdependencia económica y la difusión acelerada de la tecnología, con marcado dominio de la sociedad de la informaciòn.

Los últimos mandatarios se han lanzado a la conquista del mundo exterior para ampliar los mercados de los productos dominicanos y atraer capitales.

Está ofensiva diplomática, que comenzó con Salvador Jorge Blanco, tomó un nuevo giro con la llegada al Poder Ejecutivo de Leonel Fernández en 1996, fue continuada por Hipólito Mejía a partir del año 2000. Fernández retoma en el periódo 2004 -2008 y no hay señal que indique que tras su reciente reelección la abandonara.

Joaquín Balaguer vivía de espalda a este tipo de quehaceres, aunque hay que consignar que el escenario internacional era distinto al de hoy.

El lunes 9 de junio el presidente Leonel Fernández regresó al país después de diez días de ausencia, en un periplo que lo llevó a Madrid y Roma, en la continuaciòn de su polìtica de viajes.

Desde un principio debieron integrarse a este esfuerzo el cuerpo de embajadores, muchos de los cuales viven aferrados al viejo esquema de que su trabajo es disfrutar de la buena vida y el turismo diplomático.

La nación debe exigir un balance de esta política de viajes, poner en limpio sus resultados, saber los gastos en que se ha incurrido. ¿Cuánto se ha gastado en lobismo?

Es necesario saber los logros para separarlos de la propaganda.

Nuestra diplomacia luce sin iniciativas para aprovechar al nuevo escenario mundial. Es lamentable que se sigan escogiendo embajadores por compromisos políticos.

Muchos diplomàticos han incurrido en escándalos, como aquel embajador que “picó”, es decir le pidiò dinero a las autoridades donde presta servicio para montar una feria ecológica, en un hecho vergonzante.

Un sacudimiento del servicio exterior empezando con la selección de un personal más preparado, daría mayor beneficio al país.

El caso de la Cámara de Cuentas es otro hecho que nos indica lo desordenado que estamos como nación, a pesar del discurso oficial, y lo mucho que nos falta por recorrer para una real institucionalidad.

La población debe estar muy atenta a la podredumbre que denuncian los propios miembros de la dependencia estatal llamada a fiscalizar las cuentas nacionales.

De entrada la carta pública de Henry Mejía, Julio Beras, José Maceo, Luis Yépez, José Gregorio, Alcides Decenas Lugo y Freddy Almonte denunciando lo que entienden males que afectan la Cámara de Cuentas  la inhabilitan , éticamente, para cumplir el trabajo que le asigna la ley.

Lo que comienza mal, no termina bien. Los miembros de la Cámara de Cuentas fueron seleccionados por el Poder Ejecutivo que envió una terna al Senado de la República y se conformó con epígonos.

El patrón de nombramiento de los miembros de la Cámara de Cuentas siguió el camino de años anteriores. Se designa personas afines a los intereses del partido de turno. Esa ha sido la historia.

Eso le restó credibilidad para realizar un buen trabajo, pero que no puede ser de otra forma cuando su bautizo fue el escándalo del incremento de los salarios.

Ahora los miembros de la Cámara de Cuentas se destapan con la denuncias de irregularidades de parte de su presidente. Ahora ponen sobre el tapete los amarres para emitir un juicio a favor de Angel Lockward y el famoso caso de los cupones. Ahora se pone en evidencia que se contrató un instructor de golf para enseñar a los miembros de la Cámara de Cuentas, a costa de los recursos del erario. ¿Qué más nos traerán los próximos días? 

No hay que ir muy lejos, no se necesita ser un lince o un zahorí para saber que esa Cámara de Cuentas está descartada para fiscalizar las cuentas nacionales y ser poderosa aliada en la lucha contra la corrupción administrativa. Los hechos así lo atestiguan.

La Cámara de Cuentas podrá servir para pagar buenos salarios a sus miembros, para emitir recomendaciones a fin de excluir de un expediente a quienes estén acusados de corrupción y para cualuqier otra cosa, menos para cumplir con el papel que le asigna la ley.

Reconozco que dentro de la Cámara de Cuentas hay personas honorables, pero cuando se va a los cargos públicos a obedecer orientaciones políticas esos atributos se evanescen.

Preocupación produce que el ministerio público retirara la acusación contra Angel Lockward, principal acusado, en el expediente por la malversación de 200 millones de pesos de los fondos estales en el caso de los cupones del GLP.

La acusación data de hace varios años y no ha sido fallada por eso que los abogados llaman tecnicismo jurídico y que  el pueblo conoce como majadería de una justicia en extremo burocratizada e ineficiente.

El procurador general de la República, que es un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, exonera a Lockward en una fina labor que emula al mejor de los cirujanos, pues lo apartó entre 37 personas que están en el mismo expediente, una verdadera proeza.

No se necesita ser abogado para saber que con esa decisión se niega la lucha la lucha contra la corrupción, que cada año desangra al Presupuesto Nacional.

Esta decisión a favor de Lockward, actualmente secretario de Estado sin Cartera, se produce luego de su destacada participación en la reelección, por lo cual recibió su premio.

Todo parece indicar que los mortales que quedaron en el expediente no trabajaron a favor de la reelección presidencial.

Personalmente no creo que Lockward sea inocente o culpable, eso deben determinarlo los tribunales.

Decisiones similares se produjeron en el caso del Programa Eventual de Empleos Mínimos, el famoso PEME, que involucra  1400 millones de pesos de malversación de los fondos públicos.

Igual situación ocurrió durante la administración de Hipólito Mejía, que retiró el expediente contra de Salvador Jorge Blanco, también acusado de corrupción.

Aterra el silencio de muchos que se pintan como los campeones en la lucha contra la corrupción, sobre todo cuando es usada como bandera política contra sus contrarios.

La lucha contra la cohecho no debe ser cuando ocurre en el ojo ajeno. Hay que volver la vista hacia todos los actos de corrupción sin importar el color del partido a que se sirve.

José Francisco Peña Gómez acuñó la frase de “moralistas de hojalatas” para referirse aquellos que sólo ven la paja en el ojo ajeno. Pero creo que quedó corto y su lugar debió decir: “moralistas de cartón piedra”.