Varias comunidades del Cibao, en especial San Francisco Macorís, vivieron momentos difíciles con la huelga de la semana pasada en demanda de varias reivindicaciones, que costaron la vida de tres personas y decenas de heridos y apresados.

Estos movimientos reivindicativos no son sorpresas para nadie, pues por su frecuencia puede decirse que son comunes. No es aventurero pronosticar que seguirán ocurriendo, en toda la geografía nacional, en la medida en que las autoridades no miren hacia los pueblos. “Chivo que no grita, colín con él”, dice una sentencia campesina.

Yo diría que constituyen una manera de las comunidades, en la mayoría de los casos olvidadas por los distintos gobiernos, de llamar la atención para que por lo menos dejen caer en las mismas una borona del Presupuesto Nacional. Esa ha sido una constante histórica.

Ese y no otro es el reclamo de los pueblos cuando paralizan sus actividades en demanda de construcción de carreteras, escuelas, puentes o la reparación de la calles.

Esas son demandas decimonónicas, como agua potable, instalaciones sanitarias y otros, lo cual constituye una vergüenza que en esta primera década del siglo XXI se hagan esas solicitudes.

El grito de San Francisco Macorís fue tan contundente que obligó a las autoridades a comprometerse con satisfacer las demandas, claro con el plazo otorgado por las organizaciones populares, para evitar engaños, todo bajo firma.

Este tipo de huelgas debe llamar a la reflexión a las autoridades, que durante el pasado proceso electoral recurrieron a la demagogia, para cambiar la intención del voto de muchos pueblos y hasta dieron el primer picazo para construir obras, que abandonaron desde el primer día.

Demagogia sobre demagogia trae este tipo de respuesta de la población, que ya comienza a dar muestra de cansancio por esta clase de maniobra.

También luce inapropiada la acusación de líderes de opinión en los medios de comunicación seguidores del oficialismo de asociar este tipo de movimiento con el narcotráfico, nada más risible y soez.

En lugar de recurrir a acusaciones infundadas como esa de narcotráfico y armar civiles para romper la huelga a tiro limpio, las autoridades debían ver por el espejo retrovisor para recordar sus promesas y cumplir sus palabras.

El eminente médico cardiólogo, Fulgencio Severino, me remite una importante colaboración sobre la cuota de recuperación en los hospitales estatales, que divulgo integra:

En informe reciente la CEPAL señaló que en República Dominicana aumenta el empobrecimiento de 1.5% de la población a consecuencia del pago de bolsillo de los servicios de salud.

El Colegio Medico Dominicano exige actualmente al Gobierno la eliminación de la esta cuota de recuperación y reajuste salarial en una lucha que libra desde inicio del 2008.

En los últimos días ha cobrado fuerza el planteamiento de eliminar la cuota de recuperación y el secretario de Salud Pública se ha comprometido a ello en el 2009.

La situación es peor que como señala la CEPAL, pues haciendo estimaciones para una población de 9,980 mil ciudadanos y ciudadanas, con los datos aportados por ENDESA 2007 encontramos que del 40% de la población que consulta, el 56% de esta hace algún tipo de pago y el gasto promedio es de 1,581.2 pesos en el último mes, lo que corresponde con 3,534 millones, 804 mil ,224 pesos en un mes.

Si este gasto ocurriera en los 12 meses del año, entonces el gasto de bolsillo en consulta que hace la población dominicana es de 42,417, millones 650 mil ,688 pesos al año.

De este gasto total estimado el 37% ocurre en los hospitales de la Secretaría de Estado de Salud Pública lo que corresponde a un gasto mensual de 1325,551,584 pesos y el anual estimado de 15906 millones 619 mil 008 pesos.

Este gasto mensual y anual de bolsillo en los hospitales estatales corresponde a más del 100% del gasto público hecho por el Gobierno en el 2007 equivalente a 14,500 millones de pesos y equivalente a los 16, mil millones de pesos el Presupuesto de este año con una ligera diferencia de 500 millones de pesos.

Una análisis hecho por quintiles es decir según el por ciento de la población con ciertos niveles de ingresos, nos muestra, que los más pobres correspondiente al Quintil I con ingresos menores a 2,000 pesos mensuales hacen gastos equivalentes a los mas de 238 millones de pesos al mes, para el quintil II de mas 247 millones de pesos.

Para el quintil II el gasto mensual corresponde a más de 247 millones de pesos. El 58% del gasto de los quintiles I y II se hacen en la secretaria de Estado de Salud Pública, por lo que son responsables de casi el 50% de los ingresos por cuota de recuperación de esta institución pública.

El impacto de este gasto en los ingresos de la población es evaluado por la CEPAL en función del porciento del mismo que luego de excluir los gastos en alimentación y otros indispensables se dedica al gasto de bolsillo considerando que el mismo es catastrófico cuando representa más del 40% de los recursos disponibles para gastar luego de excluir la alimentación y otros básicos. En estos casos para los quintiles I y II corresponden a más del 50-100 % de los ingresos.

Este nivel de gasto hay que sumar el que ocurre por hospitalización de aproximadamente 4 mil 700 millones de pesos al año, de los cuales más del 25% del gasto ocurre en los hospitales de SESPAS para un monto equivalente a 587 millones de pesos por semestre y mil cien millones de pesos al año.

Estos gastos que ocurren en el país representa mas del 74% del gasto total en salud y contribuye al empobrecimiento que establece la CEPAL, estimado por este organismo en 1.5%, pero que puede ser mucho mayor.

Estos datos nos señalan la importancia de que presionemos al Gobierno a eliminar el gasto de bolsillo en los hospitales públicos y que haga efectiva la inversión necesaria en el sector salud equivalente a un 3.5% del Producto Bruto Interno como forma imprescindibles para alcanzar los objetivos del milenio en el sector salud, reduciendo la mortalidad infantil y materna, así como las ocurridas por paludismo y otras infecciones.