La acción brutal contra los médicos y enfermeras que ocupaban la sede de la Secretaría de Trabajo no es producto de la casualidad, sino parte de una política frente a los reclamos de la población de que es objeto el Gobierno en los últimos días.

Esa acción se inscribe dentro de lo que definí como una política del Gobierno para disuadir las protestas y evitar que se sigan propagando.

Los recientes hechos de Capotillo donde dos personas murieron a manos de agentes policiales, a pesar de que no participaban en las protestas contra los apagones, y el asesinato de un joven y las agresiones a balazos a dos periodistas en Bonao indican claramente el camino escogido por el Gobierno para enfrentar las protestas.

El presidente del Senado de la República y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, dijo que el Gobierno era flojo en  combatir las protestas.

Conforme reporta el Diario Libre en su edición del miércoles 29 de julio, más de 100 protestas han ocurrido en los últimos seis meses en gran parte de todo el territorio nacional por demandas insatisfechas.

Como parte de la parafernalia contra las manifestaciones se recurre a infiltrar civiles armados en las protestas con el fin de que fracasen. El caso de Bonao es bastante elocuente.

El objeto de esta represión es intimidar la población para que abandone las protestas.

Contra los médicos hubo saña y vesania. Por disposición de Max Puig, secretario de Trabajo no se le permitió el uso de las instalaciones sanitarias, se cortó la energía eléctrica mientras ocupaban la Secretaría de Trabajo. El cardiólogo Fulgencio Severino fue enyesado en la pierna derecha debido a los golpes que recibió.

La pregunta es si la represión podrá contener la lucha por satisfacer las demandas de la población que se ha dado cuenta que tras un período de gestión y otro con un año corriendo hay poco interés en atender sus reclamos.

Se necesita algo más que un almuerzo para demostrar que no hay corrupción como pretende el presidente Leonel Fernández en el encuentro de hoy con los directores de medios de comunicación.

La corrupción administrativa es un mal que existe desde la fundación de la República, propia de todos los gobiernos que hemos tenido, pero hoy la población entiende que  rompe los parámetros  conocidos de otras administraciones.

El Presidente no cree que la corrupción afecte su Gobierno o al menos en los niveles en que lo aprecia la población, dice que la misma forma parte de una campaña mediática contra su Gobierno.

A mi modo de ver se requiere más que un almuerzo para auscultar la creencia de la población de que el Gobierno está cundío de actos corruptos y para demostrar que los recursos estatales se administran con pulcritud.

Para frenar el robo en el erario se requiere en la administración pública mayor transparencia y voluntad política para someter a la justicia a aquel que le ponga la mano al dinero que pertenece al pueblo.

Estos encuentros con directores de medios de comunicación para explicar problemas candentes son una costumbre en el mandatario, el último se efectuó el 24 de junio pasado para hablar del caso de la venta de la Refinería Dominicana de Petróleo a Venezuela.

No cae bien que el Presidente pretenda evadir las críticas en torno a la corrupción alegando que forman parte de una campaña mediática, que en el fondo es una manera de defensa.

Aunque el ataque es la mejor forma de defensa en este tipo de caso, es todo lo contrario, el mandatario con su argumentación lo que ha hecho acrecentar la demanda de la sociedad de que se castigue a los corruptos.

Por eso se apreció muy mal la participación de Radhamés Segura, administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, en la gira presidencial por Medio Oriente, en momentos en que es cuestionado por presuntos actos de corrupción.

Ojalá que el almuerzo de hoy sea el primer paso para iniciar una ofensiva más allá de la retórica en contra de la corrupción, sin dudas algo impostergable.

Duele en el alma el asesinato a mansalva, el jueves 16, del herrero Carlos Valentín Franco, de 24 años y el limpiabotas Miguel Ángel Encarnación, de 13, a manos de agentes de la Policía Nacional en momentos en que se realizaban protestas contra los apagones en Capotillo, de las cuales valga decirlo, eran ajenos.

Creo que con estos asesinatos se pretende enviar un mensaje para disuadir la población, enseñarle el Cuco de la represión para evitar que las protestas contra la eterna crisis energética se propaguen.

Por lo que esa actuación policial tiene un alto componente político, pues se recurre a  la represión como muro de contención de las protestas.

El hecho de que los muertos sean personas humildes, sin apellidos de abolengo, no es óbice para la impunidad. Es elogiable la decisión de formar una comisión de alto nivel para investigar estos crímenes, ojalá que no sea un simple anuncio para calmar el descontento popular, como otros tantos casos.

La sanción contra los autores de estos cobardes asesinatos debe ser severa, para que sirva de ejemplo a los miembros de la institución policial.

Las autoridades políticas del país, como superiores de la Policía Nacional, no están al margen de este hecho y sobre ellas recae también la culpabilidad.

Esos asesinatos no están desconectados de la política y hay que verlos en la orden que recibe la Policía Nacional para reprimir este tipo de protesta.

Para evitar que las protestas se extiendan sólo basta  suministrar energía a la población, ya que la represión no la detiene.

Como dijo Norberto James, aún no se ha escrito la historia de su congoja. Se desconoce el aporte a la cultura nacional de los cocolos, aquellos inmigrantes que comenzaron a llegar al país a final de 1800 procedentes de las Antillas Menores para trabajar en la entonces floreciente industria azucarera como técnicos y obreros.

Ahora que Linda, Donald Warner Henderson, el guloya mayor, se fue a danzar al cielo ataviado con su traje de múltiples colores y largas plumas sería bueno recordar el aporte de unos hombres que cruzaron el mar Caribe y quedaron atrapados entre la factoría y el cañaveral y se mezclaron con nuestra cultura, eso que ahora llaman “aplatanarse”.

Sería prolífico enumerar los hombres y mujeres que se destacaron, pero los hay en todo los órdenes desde escritores, deportistas cantantes, luchadores revolucionarios, predicadores y otros.

Linda pertenecía junto a otros como Theophilus Chiverston, mejor conocido como El Primo, a los que con sus candentes y graciosos ademanes del baile guloya, enriquecieron nuestra cultura musical.

En mi niñez, durante mis vacaciones en mi patria chica por las calles del viejo barrio de Miramar  y los estrechos caminos de los bateyes donde vivían muchos cocolos, no resistía el contagioso ritmo guloya y terminaba danzando, claro sin la gracia de los reales exponentes del género.

Recuerdo en la década del 1980, desde su buhardilla de la Arzobispo Nouel, Violeta Sthepen, una exquisita soprano, creo que de la primera generación de cocolos nacidos en el país, que me fue presentada por Máximo Alcibíades Díaz, me narraba viejas historia de los primeros que llegaron al país.

Ahora que Linda desanda por las polvorientas calles del Macorís, me viene a la memoria esa canción homenaje a los cocolos de Luisdia, cuyo estribillo decía: “I”m cocolo from San Pedro de Macorís” , luego vinieron otras como una que hizo Juan Luis Guerra.

No se pueden dejar de citar dentro de éste homenaje a los cocolos la novela “Tiempo Muerto”, de Avelino Stanley y el poema “Los inmigrantes”, de Norberto James. Sé que olvido otros, por lo que pido perdón, pues escribo de memoria.

Lo peor que me puede ocurrir hoy 13 de julio es no poder asistir a San Pedro a tributarle el último adiós a Linda, decirle en su lengua materna: ” Good morning, Linda” y acompañarlo hasta la Necrópolis del Ingenio Santa Fe.

No lo oculto, mi corazón navega hoy en las aguas del Higüamo en  una de las viejas goletas en las que llegaron para quedarse  los cocolos, los ancestros de miles de dominicanos que como Linda,  defienden este terruño con el espiritud de los febreristas de 1844.

Adiós, Linda.

La corrupción nos arropa. No se puede esconder bajo ningún subterfugio, ni siquiera con el que dice que el país se divide entre peledeistas y corruptos.  Por cada centavo del Estado que se mal use o robe disminuye la calidad de vida de los dominicanos.

Cuando no se reacciona contra la corrupción, sobre todo los llamados sectores a combatirla, entonces se crea una pedagogía que la estimula como un mecanismo de ascenso social.

Preocupa esa pedagogía de la corrupción. Con ella se quiere que la aceptemos como algo natural, producto del modernismo, como un mal necesario. Y lo malo de todo es que crece a pesar de la tolerancia cero que dicen aplicar las autoridades.

Nuria Piera, en las dos últimas ediciones de su programa ha hecho denuncias de malas prácticas administrativas en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que administra Radhamés Segura y nadie en el Gobierno ha dicho esta boca es mía.

Yo no dijo que Segura sea o no culpable de los hechos que se les atribuyen, pero creo que las autoridades y el partido oficial deben investigar profundamente esta denuncia.

Llama la atención que ninguno de los mecanismos para controlar la corrupción ha demostrado eficacia y, mucho menos, los hombres  puestos al frente de las mismas.

De nada vale la Cámara de Cuentas, el Departamento de Prevención de la corrupción, la justicia en sentido general, las comisiones de ética en cada institución. Esos cargos son para cobrar un cheque y nada más.

A cualquier funcionario se le ocurre favorecer sus familiares con sinecuras, y no pasada nada. Acusan a varios de sustraer recursos de los fondos de pensión en la Secretaría de Hacienda, y no pasa nada.

Se construyó sin concurso el Metro de Santo Domingo que no sabe cuántos millones de pesos costó. La Ley 340-06 sobre compra y contratación de bienes y servicios es letra muerta, pero da vida a unos pocos.

La administración pública está llena de gente que no mueve y una hoja de papel si detrás de ella no tiene consignado lo suyo, de gente que han creado empresas a nombres de terceros para vender bienes y servicios al Estado y, claro, servirse con la cuchara grande.

Deja mucho que desear la pasividad de las autoridades frente a la orgía de corrupción que nos afecta hoy, pero satisface la postura de la opinión pública y la sociedad civil frente a la misma, lo que al menos sirve para denunciarla.

La interrogante que muchos nos hacemos en América Latina es si los hechos que afectan a Honduras significan la resurrección de los golpes de Estado que hace varias décadas azotaron la región, con la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional o con la política guerrerista impulsada por Ronald Reagan.

Confieso que durante las primeras horas del golpe de Estado creí que podría ser el inicio de una escalada contra gobiernos con visión divergentes de Estados Unidos, como los que integran la Alianza Bolivariana, que promueve Hugo Chávez.

Sin embargo, hasta ahora la postura enunciada por el presidente Barack Obama, de reconocer a Manuel Zelaya como Presidente legítimo me sacó de dudas y la conclusión es que el golpe de Estado es un hecho aislado.

Dista mucho la actual postura de Estados Unidos de la que asumió dos décadas atrás, cuando Honduras fue convertida en una base de hostigamiento contra la revolución sandinista y otros procesos revolucionarios en la región. Eran tiempos del último tramo de la guerra fría.

Estos son nuevos tiempos y todo indica que Obama no quiere que se desestabilice la región con golpes de Estado, como ocurrió en otra época, sobre todo cuando hay otros métodos más sutiles para mantener el control.

Parte de los aires nuevos que soplan son la postura de los bloques de países de la región, que como el Sistema de Integración Centroamericano y el Grupo de Río decretaron, horas después del golpe, en Managua, Nicaragua, el aislamiento del régimen golpista.

La Organización de Estados Americanos condena el golpe y la comunidad internacional en pleno lo repudio. La ONU resolutó que Zelaya sea repuesto en el poder inmediatamente. Los golpistas hondureños están completamente aislados.

Este fue un golpe que tiene sus “misterios” que habrá de explicar o estudiarse, ya que Zelaya perdió el apoyo hasta de su partido, la mayoría del Congreso, Suprema Corte de Justicia y hasta de la Comisión de los Derechos Humanos. Fue acusado colocarse por encima de las instituciones y prolongar el período gubernativo, impulsado por Chávez.

Pero cualquiera que fuera la acusación de ninguna manera justifica quebrar el orden constitucional.

Visto el apoyo de la comunidad internacional, la postura de Estados Unidos, de los países de la región, es difícil que el gobierno de Roberto Micheletti se sostenga, so pena de someter al pueblo a represión y  penurias.