Del Perú a la Cámara de Cuentas

por el 19/04/18 at 9:56 pm

Manuel Rivas ofrece declaraciones a la prensa a su salida del tribunal

Mientras el presidente Danilo Medina discurseaba en Perú sobre los planes de su gobierno contra la corrupción en un país donde la Odebrecht operó su División de Operaciones Estructuradas, la Cámara de Cuentas, certeramente bautizada como la Cámara de Cuentos, se destapaba con una auditoría en la que aparecen todo tipo de malversaciones de los recursos del Estado dentro de la famosa Oficina Metropolitana de Servicio de Transporte.

Una cosa son las palabras y otra los hechos. La garla del Presidente en la VIII Cumbre de Jefes de Estado celebrada del 13 al 14 de abril, antes sus colegas del continente, reunidos para tratar la corrupción y la gobernabilidad, no guardó distancia con la percepción que existe en el país sobre ese mal social.

El mandatario dijo en la nación sudamericana que se han adoptado medidas contra la corrupción, sobre todo para hacer más transparente la administración pública, pero muchos entendemos que las mismas son limitadas.

Horas después de sus palabras la Cámara de Cuentas, en un informe enviado a la Procuraduría General de la República, asevera que  en la OMSA bajo el mandato del ingeniero Manuel Rivas, quien cumple coerción por sicariato en el asesinado del abogado Yuniol Ramírez, se registraron irregularidades por más de tres mil millones de pesos.

Se comprobó que en esa institución se rompieron todos los parámetros de la corrupción, o mejor dicho es algo que no es nuevo, puesto que la percepción de la población así lo confirma que se ha convertido en un “desguezadero” de guaguas para favorecer a unos pocos, un verdadero modelo de lo que no es una administración pulcra de los recursos del Estado.

Además de las palabras del Presidente de que se promueva la transparencia en el manejo de los recursos públicos en las instituciones estatales, se requieren mayores esfuerzos en la justicia para quebrar los niveles de impunidad que  se exhiben en el país con los acusados de cometer delitos contra el erario.

Como es sabido, el partido oficial controla los estamentos judiciales por lo que solo bastaría un poco de voluntad política para acabar con  el eterno borrón y cuenta nueva a que nos tienen acostumbrados nuestros políticos.

 

 

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